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Gobierno debe poner en práctica políticas públicas contra el hambre PDF Print E-mail

Niños recibiendo meriendaManagua, 14 de Mayo de 2008. La Federación Coordinadora Nicaragüense de ONG´s que trabajan con la niñez y la adolescencia (CODENI), exige al gobierno poner en práctica políticas públicas contra el hambre que garanticen el acceso a los alimentos, ante la crisis económica y alimentaria.

 

 Asimismo demanda la creación de programas de educación en seguridad alimentaria que permitan facilitar información a los ciudadanos en la selección, preparación, preservación y consumo de alimentos sanos y nutritivos.

 

 

Según el CODENI el 27.2 por ciento de los niños y niñas nicaragüenses en edad escolar, presentan un retardo en talla moderado o severo, entre los departamentos con mayores afectaciones se encuentran Jinotega, Madriz y la Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS).

 

La desnutrición afecta al 33.7 por ciento de los niños miskitos y al 100 por ciento de ramas, y de acuerdo al sexo quienes los niños presentan mayor prevalencia de retardo en talla que las niñas, y en hogares de las zonas rurales donde habitan más de cinco personas, el déficit de ingesta energética alcanza 300 kilocalorías por persona.

 

Por otra parte, CODENI considera que la inseguridad alimentaria del país, viola los derechos humanos de la niñez y la adolescencia consignados en la Constitución de la República de Nicaragua (en el artículo 63) y en el Código de la Niñez y la Adolescencia (en los artículos 10,33 y 76, inciso 1), en el que se establece que el Estado por el interés superior del niño y la niña debe garantizar medidas de protección contra el hambre.

CODENI señala que las condiciones de pobreza y vulnerabilidad del país ante situaciones como desastres naturales, plagas de ratas, crisis cafetalera y ahora la petrolera, ha contribuido al aumento de la subnutrición y desnutrición particularmente en niñas, niños y adolescentes en extrema pobreza, de zonas rurales y de la Costa Caribe, por lo que es necesario que la Asamblea Nacional apruebe la Ley de Seguridad Alimentaria y el Gobierno destine recursos para garantizar un merienda escolar sana y nutritiva en las escuelas con mayores índices de niños, niñas y adolescentes en extrema pobreza.

 

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